En esta guerra en la que se está convirtiendo el día a día
de los servicios sociales nos están haciendo creer que, aquellos recortados
derechos derivados a entes privados, son iguales a los suprimidos o marginados
públicos.
Sanidad y educación son los más recortados por delante de la
dependencia, el deporte o la cultura, entre otros, y los que están viendo como
los ansiosos inversores ávidos de poder e hinchados de dinero se hacen con un pastel muy suculento. En este caso concreto,
la sanidad es sin duda su lugar favorito pues las enfermedades, por desgracia,
nunca se acaban. Para reflexionar queda que si un servicio que pagan los
impuestos lo lleva a cabo una empresa privada, ésta deberá obtener un beneficio
– del dinero del contribuyente – que dejará de gastarse en pos de un mejor
servicio. También cabe pensar que en la exploración de un paciente los recursos
empleados serán mirados con lupa para gastar lo menos posible en busca del
mayor beneficio para la empresa en cuestión.
El caso de la educación es similar, aunque no igual. En
cuanto a la voracidad empresarial es cierto que estas empresas – cooperativas
la inmensa mayoría – carecen de ella a priori, pero sí quieren abarcar la
máxima cuota de mercado posible. Me
explico: cuantos más alumnos quieran ir a ese colegio más dinero les otorgará
el concierto con la administración y, por lo tanto, más dinero se podrán
repartir los cooperativistas. Ahora que la educación pública está siendo
masacrada, estos colegios están resurgiendo, como ave fénix, de sus cenizas. Por
otra parte, los métodos de selección del personal son algo diferentes. Entrar
en una cooperativa cuesta el dinero que en un colegio público se llama
oposición. Si nos centramos en lo meramente educativo, como ocurre en los
colegios públicos, habrá de todo como en botica. La mayor diferencia estaría en
los conciertos con grupos religiosos, que ofrecen una educación subvencionada
de dudosa legalidad, en un país constitucionalmente laico.
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